Abstract

El actual escenario político ha posibilitado la creación de una nueva Constitución, lo que nos anima a reflexionar en aquellos cambios necesarios de materializar en esta nueva carta magna. El presente artículo discute sobre la relación entre la Constitución actual, algunas normativas nacionales que se desprenden de ella, y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El análisis permite develar las limitaciones que la Constitución de 1980 ha representado para el diseño e implementación de políticas, normativas y prácticas educativas que promueven la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema educativo de nuestro país.