Abstract

A través del análisis documental, este estudio cualitativo examina la respuesta de Chile a la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, evaluando críticamente las medidas implementadas: exigencia de visas consulares, denegación de facto de refugio y optimización de los procesos de expulsión. Se argumenta que estas medidas obedecen a una política migratoria que amalgama securitismo, economicismo y falso humanitarismo, con la selectividad negativa de los migrantes como su núcleo, evidenciada en la práctica jurídico-administrativa y los ingresos irregulares al país de ciudadanos venezolanos y haitianos. A través de tres críticas fundamentales –decisiones sin base en la evidencia, tratamiento jurídico excepcional e incapacidad gubernamental para coordinar una respuesta multilateral–, este trabajo sostiene que el aumento de la irregularidad desde 2018 no se atribuye solo a la crisis venezolana, sino también a la respuesta estatal frente a los desplazamientos durante la última década.