Abstract

Esta ponencia analiza cómo se configuró la institucionalidad ambiental en América Latina durante el ciclo expansivo de la minería (2000–2012), en particular en países con alta dependencia extractiva. A partir de un enfoque de economía política comparada, se argumenta que las reformas ambientales impulsadas durante este periodo tendieron a tecnocratizar la gestión de conflictos, reducir la participación de comunidades afectadas y facilitar la expansión de grandes proyectos extractivos. Se discuten los mecanismos normativos y regulatorios utilizados en contextos de expansión minera y su impacto en los marcos democráticos y territoriales