Abstract

El deber que orienta a los Estados Constitucionales y Democráticos contemporáneos no es solo de determinar si una actuación estatal es o no jurídicamente válida respecto a las competencias otorgadas normativamente, sino, además, si dicha actuación es la más adecuada, necesaria y proporcional para perseguir un objetivo específico. Esta condición toma una relevancia especial cuando existe el ejercicio de una potestad sancionadora, lo que implica la necesidad que el operador jurídico reconozca las garantías y la efectividad de las normas y principios constitucionales, tanto en la formulación general y abstracta de la ley, como en su aplicación en los casos particulares y concretos. Así, no cualquier sanción puede ser considerada como constitucional: incluso, así ella esté contenida en la ley y que en abstracto no parezca ser incompatible con las normas constitucionales al responder a fin legítimo. Dicho presupuesto da orientación al presente artículo, el cual, siguiendo una metodología deductiva y un análisis correlacional, centra su interés en el estudio de la aplicación del art. 4° inciso primero de la Ley N° 19.886, que ordena la exclusión de las personas naturales o jurídicas chilenas o extranjeras de la posibilidad de contratar con la Administración por condena de prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador. Esta exclusión, en el fondo, se materializa como una sanción derivada del procedimiento de tutela laboral contemplado en los arts. 485 y siguientes del Código del Trabajo de Chile. En ese contexto, este trabajo tiene, como objetivo general, realizar un análisis de la proporcionalidad de la sanción de exclusión contractual con la administración para los empleadores que, en el marco de procesos de tutela laboral, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Chile y la normativa vigente, incluyendo la nueva ley promulgada en miras de atender la discusión sobre la inconstitucionalidad de la reglamentación mencionada. Para ello, el artículo se dividirá en seis acápites, antes de las conclusiones. El primero está destinado a revisar el concepto de razonabilidad y proporcionalidad en el Estado Constitucional, y el segundo a los criterios jurisprudenciales de la proporcionalidad en el contexto de Chile. A su vez, en el tercero se revisa la exclusión contractual con la administración como sanción respecto a los casos de tutela laboral, mientras que en el cuarto se estudian las sentencias que se han referido al tema. En el quinto se hace una valoración sobre la proporcionalidad de la medida, para terminar en el sexto con la reforma legislativa que se integró al ordenamiento jurídico chileno, que entra en vigencia a finales de 2024.