Abstract

Una de las principales reformas del segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) fue la Nueva Educación Pública, que ha buscado traspasar los establecimientos educacionales desde la administración municipal a los denominados Servicios Locales de Educación, entidades públicas descentralizadas que albergan escuelas de varias comunas contiguas. Diversos movimientos sociales durante décadas venían exigiendo un proceso de desmunicipalización, donde el Estado volviera a asumir su responsabilidad educativa. Sin embargo, al analizar la experiencia de uno de los primeros Servicios Locales en ponerse en marcha (Barrancas), se aprecia una alta conflictividad laboral y una crítica desde los trabajadores de la educación respecto a este proceso, poniendo en cuestión el carácter público de esta reforma y el rol del Estado en la administración de las escuelas. Para desarrollar esta investigación nos hemos apoyado en la revisión de prensa local y de entrevistas a trabajadores afiliados a las diversas asociaciones de Barrancas