Abstract

Este artículo analiza los instrumentos económicos de conservación de la biodiversidad (IECB) y el Fondo Nacional de la Biodiversidad (FNB) establecidos en la Ley 21.600 de Chile. A partir de una taxonomía general, se clasifica a los IECB en tres categorías principales: aquellos que protegen la biodiversidad como bien público (como el FNB), los orientados a corregir externalidades negativas (como los contratos por servicios ecosistémicos y subsidios sectoriales) y los que integran mecanismos de mercado (como certificaciones y ecoetiquetado). La Ley 21.600 refuerza prácticas sostenibles preexistentes y establece nuevos instrumentos, destacando la creación del Sistema de Certificación de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y los contratos por servicios ecosistémicos, los cuales representan un nuevo enfoque contractual en el derecho ambiental chileno. El análisis revela desafíos significativos, incluyendo la necesidad de abordar aquellos subsidios que son perjudiciales para la biodiversidad, mejorar la implementación sectorial de acuerdos de producción limpia (APL) y garantizar el financiamiento y la adecuada operatividad del FNB. Además, se identifican tensiones regulatorias, como la exclusión de personas jurídicas con fines de lucro como beneficiarios del FNB, lo que podría limitar la conexión entre prácticas sostenibles y financiamiento. Finalmente, se subraya la importancia de observar experiencias comparadas y profundizar en investigaciones futuras que evalúen el impacto y efectividad de estos instrumentos en la conservación de la biodiversidad.